Más de 2 millones de usuarios y 43 millones en sanciones: cae una gran red de IPTV pirata

La lucha contra la piratería audiovisual en España acaba de vivir uno de sus episodios más contundentes hasta la fecha. La Audiencia Nacional ha dictado sentencia contra una de las mayores tramas ilegales de IPTV que operaban a escala internacional, imponiendo condenas penales, una indemnización de 12 millones de euros para las empresas perjudicadas y más de 30 millones de euros en multas vinculadas al blanqueo de capitales.

La cifra total supera los 43 millones de euros, lo que convierte esta resolución en una de las más relevantes de la historia reciente de España en materia de delitos contra la propiedad intelectual.

Una de las mayores redes ilegales de IPTV de los últimos años

Según la resolución judicial, la organización desmantelada daba servicio a más de 2 millones de usuarios repartidos por distintos países y operaba mediante plataformas y dominios muy conocidos dentro del ecosistema pirata, como IPTVStack o RapidIPTV. A través de estos servicios, la red distribuía de forma ilegal miles de canales y contenidos audiovisuales en tres continentes.

Entre el material ofrecido se encontraban retransmisiones deportivas, películas y series, incluyendo emisiones relacionadas con LALIGA. La operativa de la red se apoyaba en una infraestructura técnica internacional, con servidores ubicados en 13 países, lo que da una idea del alcance y la sofisticación del entramado.

Además, los beneficios obtenidos por la organización habrían alcanzado hasta 17 millones de euros, una cifra que refleja el enorme volumen de negocio que puede llegar a mover la piratería audiovisual cuando se estructura como una red criminal organizada.

La sentencia de la Audiencia Nacional marca un precedente

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha considerado acreditados delitos contra el mercado y los consumidores, contra la propiedad intelectual y también blanqueo de capitales. El fallo fija una indemnización de 12 millones de euros para las compañías afectadas, además de imponer sanciones económicas de más de 30 millones de euros por las actividades de ocultación y lavado de dinero.

No se trata solo de una condena económica elevada. Lo verdaderamente relevante es que la resolución coloca este caso entre los más importantes del país por el volumen de las penas económicas asociadas a la vulneración de derechos de propiedad intelectual. En la práctica, supone un mensaje muy claro para quienes siguen viendo la IPTV pirata como un negocio de bajo riesgo.

Cómo comenzó la investigación

El procedimiento judicial se remonta a años atrás y tuvo como punto de partida una denuncia inicial presentada por Nagravision. Más adelante, LALIGA amplió la denuncia y aportó pruebas de compra que resultaron clave para verificar el funcionamiento de la red y acreditar los hechos ante la justicia.

A medida que avanzó la causa, otras compañías se sumaron como acusación particular. Entre ellas figuraban Movistar Plus+, Mediapro y Egeda, que participaron junto al Ministerio Fiscal en la acusación conjunta que finalmente desembocó en la conformidad de los acusados.

Es decir, no estamos ante una investigación improvisada o basada en indicios débiles, sino ante un caso construido durante años con pruebas técnicas, compras de verificación y cooperación entre distintas entidades del sector audiovisual.

Una operación policial con apoyo internacional

La investigación fue desarrollada principalmente por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Dirección General de la Policía y por el Grupo de Propiedad Intelectual de la UDEV, la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. A esto se sumó la participación de Europol y Eurojust, organismos que facilitaron la coordinación internacional necesaria para seguir la pista de una red con presencia en múltiples jurisdicciones.

Ese detalle es especialmente importante, porque una buena parte de estas plataformas ilegales de IPTV no operan desde un único país. Reparten su infraestructura, sus cobros y sus activos por distintos territorios para dificultar tanto la investigación como la posterior ejecución judicial. Precisamente por eso, la cooperación internacional se ha vuelto una pieza imprescindible en este tipo de operaciones.

Así funcionaba la trama liderada por “Dash, el iraní”

De acuerdo con la información conocida, la organización estaba dirigida por una figura conocida como “Dash, el iraní”. Bajo su control operaban dominios como rapidiptv.com, rapidiptv.net o iptvstack.com, utilizados para comercializar acceso ilegal a señales de televisión de pago y contenidos protegidos por derechos de autor.

El modelo era el habitual en las grandes redes de IPTV pirata, aunque a una escala gigantesca: ofrecer al usuario final un catálogo masivo de canales, partidos, películas y series por un coste reducido, ocultando detrás una infraestructura internacional y un flujo de dinero difícil de rastrear a simple vista.

La diferencia, en este caso, es la magnitud. Más de 2 millones de usuarios y una red extendida por tres continentes sitúan esta operación muy por encima de los servicios piratas pequeños o semiprofesionales que suelen aparecer y desaparecer con rapidez.

Blanqueo de capitales: criptomonedas, empresas pantalla y facturas falsas

Uno de los aspectos más llamativos del caso es todo lo relacionado con el destino del dinero generado por la red. La sentencia recoge que la organización no solo distribuía contenidos de forma ilegal, sino que además habría puesto en marcha una estructura específica para blanquear los beneficios obtenidos.

Para ello, recurrieron a pasarelas de pago, exchanges de criptomonedas, sociedades pantalla y facturación falsa. El objetivo era dificultar el seguimiento del dinero y dar apariencia legal a unos ingresos procedentes de una actividad ilícita.

Entre las operaciones detectadas durante la investigación figuran la construcción de un edificio residencial en Irán, la compra de un inmueble en Barcelona valorado en 1,7 millones de euros y la adquisición de dos vehículos de alta gama por unos 400.000 euros.

Todo ello formaría parte de la estrategia de lavado de activos, que no solo buscaba esconder el origen del dinero, sino también transformarlo en bienes patrimoniales de alto valor.

Decomiso de bienes y cierre definitivo de los dominios

El acuerdo judicial también contempla el decomiso de todos los bienes y fondos intervenidos durante la investigación. Esto incluye tanto los activos patrimoniales detectados como el dinero localizado por las autoridades en el marco de la causa.

A nivel operativo, otro de los puntos clave es la clausura definitiva de los dominios utilizados por la red. Es una medida relevante porque ataca directamente la infraestructura visible del servicio y evita que estos portales sigan funcionando o vuelvan a reactivarse con normalidad tras la sentencia.

En este tipo de casos, cerrar la vía económica es importante, pero cortar el acceso técnico y decomisar el patrimonio obtenido suele ser lo que realmente marca la diferencia.

La estrategia antipiratería va más allá de los tribunales

LALIGA también ha aprovechado este caso para poner en valor su estrategia global contra la piratería. Según sus datos, durante la temporada 2024/25 consiguió reducir en un 60% el consumo de contenidos piratas en España.

Más allá de las acciones judiciales y de la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, esa estrategia incluye también iniciativas de carácter educativo, institucional y tecnológico. En otras palabras, el enfoque no pasa únicamente por perseguir a las redes ilegales cuando ya están operando, sino también por dificultar su expansión, concienciar al usuario y reforzar las herramientas de detección y bloqueo.