El Parlamento Europeo frena de nuevo el escaneo masivo de mensajes privados

El Parlamento Europeo frena de nuevo el escaneo masivo de mensajes privadosLa Unión Europea sigue sin ponerse de acuerdo sobre uno de los debates tecnológicos más delicados de los últimos años: cómo combatir el abuso sexual infantil en Internet sin convertir las conversaciones privadas de millones de ciudadanos en un espacio vigilado de forma permanente.

Tras seis meses de negociaciones intensas bajo la presidencia chipriota del Consejo de la UE, los equipos negociadores del Parlamento Europeo aseguran haber alcanzado avances importantes en buena parte del futuro reglamento. Sin embargo, el punto más controvertido sigue bloqueando cualquier acuerdo: la posibilidad de escanear comunicaciones privadas de forma generalizada, incluso cuando estén protegidas mediante cifrado de extremo a extremo.

En otras palabras, la discusión no gira en torno a si debe combatirse el material de abuso sexual infantil online —algo en lo que hay consenso—, sino en qué límites debe tener el Estado y las plataformas tecnológicas cuando esa lucha implica revisar mensajes privados.

El Parlamento mantiene su línea roja contra el escaneo masivo

La última reunión de trilogo —las negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Consejo y Comisión Europea— terminó sin acuerdo definitivo. Según los eurodiputados implicados en la negociación, el Parlamento resistió la presión de varios Estados miembros y mantuvo su oposición a lo que los críticos llaman “Chat Control 2.0”.

El término hace referencia a una propuesta que podría obligar a los servicios digitales a detectar material ilegal en comunicaciones privadas, incluyendo chats, imágenes, vídeos o enlaces. El gran problema es que, para muchos expertos en privacidad y seguridad, ese tipo de detección puede acabar convirtiéndose en un sistema de vigilancia masiva sin sospecha previa.

El Parlamento ha defendido hasta ahora que cualquier medida de detección debe ser proporcionada, específica y compatible con los derechos fundamentales. Su línea roja es clara: no aceptar un sistema que fuerce el análisis indiscriminado de conversaciones privadas de todos los usuarios.

El cifrado de extremo a extremo, en el centro del conflicto

El gran choque está en los servicios cifrados, como WhatsApp, Signal, iMessage o Telegram en sus chats secretos. En estos sistemas, solo el emisor y el receptor pueden leer el contenido de los mensajes. Ni siquiera la propia plataforma debería poder acceder a ellos.

Los defensores del “Chat Control” argumentan que los delincuentes pueden aprovechar estas herramientas para distribuir material de abuso o contactar con menores. Sus críticos responden que debilitar el cifrado para perseguir un delito, por grave que sea, puede abrir la puerta a abusos mucho mayores.

La dificultad técnica es evidente: para escanear mensajes cifrados habría que analizar el contenido antes de que se cifre o después de que se descifre, normalmente en el propio dispositivo del usuario. Esta técnica, conocida como escaneo del lado del cliente, ha sido muy cuestionada porque transforma teléfonos y ordenadores en puntos de inspección permanente.

El riesgo, según asociaciones de derechos digitales, es que una herramienta creada para detectar un tipo concreto de contenido pueda ampliarse en el futuro a otros delitos, categorías o finalidades políticas.

Avances en verificación de edad, pero sin acuerdo final

No todo está paralizado. Las partes sí habrían avanzado en otros aspectos del reglamento, como los mecanismos de verificación de edad. Este punto también genera dudas, ya que puede afectar al anonimato online y obligar a los usuarios a demostrar su edad para acceder a determinados servicios.

La verificación de edad se presenta como una forma de proteger a los menores frente a contenidos inadecuados o contactos peligrosos. Sin embargo, su aplicación práctica no es sencilla: puede implicar el uso de documentos oficiales, identidades digitales o sistemas de estimación biométrica, todos ellos con implicaciones importantes para la privacidad.

Por ahora, el bloqueo sobre el escaneo de comunicaciones cifradas ha impedido cerrar el paquete legislativo. Para las organizaciones de la sociedad civil que llevan meses presionando contra la propuesta, este retraso se interpreta como una victoria parcial.

El intento de resucitar el “Chat Control 1.0”

Mientras el reglamento permanente sigue atascado, en el Consejo de Ministros y dentro del Partido Popular Europeo se estaría impulsando una maniobra para recuperar una norma anterior: el llamado “Chat Control 1.0”.

Ese marco era una excepción temporal a las reglas europeas de privacidad electrónica. Permitía que grandes plataformas tecnológicas buscaran voluntariamente material de abuso sexual infantil en comunicaciones privadas. No era una obligación generalizada como la que se debate ahora, pero sí ofrecía cobertura legal para ciertos sistemas de detección automática.

El problema es que esa excepción ya expiró. El Parlamento Europeo rechazó su prórroga el 26 de marzo de 2026, con 311 votos en contra, 228 a favor y 92 abstenciones. Como consecuencia, el marco dejó de estar en vigor el 3 de abril de 2026.

Una maniobra legal para evitar el bloqueo parlamentario

Según los críticos, algunos gobiernos europeos estarían intentando usar una vía poco habitual para recuperar esa excepción. Como una norma expirada no puede simplemente prorrogarse, la estrategia consistiría en reescribir la propuesta original y presentar un nuevo texto con contenido prácticamente idéntico.

Sobre el papel, sería una nueva ley. En la práctica, funcionaría como una resurrección acelerada del antiguo régimen de escaneo voluntario.

Esta maniobra ha generado alarma entre los defensores de la privacidad porque podría esquivar controles relevantes del proceso legislativo. Entre ellos, una nueva evaluación de impacto sobre derechos fundamentales o un dictamen actualizado del Supervisor Europeo de Protección de Datos.

También se critica que este método pueda debilitar el papel de la Comisión Europea, que normalmente tiene la iniciativa legislativa en la UE, y reducir el margen de control democrático del Parlamento.

La presión aumenta antes del parón de verano

El calendario juega un papel clave. Con el Parlamento Europeo a punto de celebrar su última sesión antes del descanso de verano, algunos gobiernos estarían intentando acelerar el procedimiento para incluir el nuevo texto en la agenda cuanto antes.

La vía elegida pasaría por el Comité de Representantes Permanentes de los Estados miembros, que puede mover expedientes mediante procedimiento escrito. De este modo, el borrador podría llegar al Parlamento con muy poco margen de reacción para los eurodiputados.

La preocupación de las organizaciones de derechos digitales es que una decisión de enorme impacto para la privacidad de los ciudadanos acabe tramitándose con prisas, justo antes de una pausa parlamentaria y sin un debate público suficiente.

Alemania, señalada como una de las fuerzas impulsoras

Según fuentes de la negociación citadas por los críticos de la propuesta, el Gobierno alemán estaría entre los actores que empujan esta vía acelerada. Esto resulta especialmente llamativo porque varios dirigentes alemanes, tanto del SPD como de la CDU, han declarado en público que el control indiscriminado de chats no debería aceptarse.

Si finalmente Berlín apoya una fórmula que reintroduzca el escaneo generalizado o voluntario sin garantías suficientes, esas declaraciones podrían quedar en papel mojado.

La contradicción refleja un problema más amplio: muchos gobiernos europeos quieren mostrarse firmes en la protección de los menores, pero también son conscientes de que una legislación percibida como vigilancia masiva puede provocar una fuerte reacción social.

El dilema: proteger a los menores sin romper la privacidad

La lucha contra el abuso sexual infantil online es una prioridad legítima y urgente. Las plataformas deben actuar contra contenidos ilegales, redes criminales y comportamientos de grooming. Nadie discute la gravedad del problema.

La cuestión es si la solución debe pasar por revisar comunicaciones privadas de forma amplia y preventiva. Para los críticos, ese enfoque invierte la lógica del Estado de derecho: todos los usuarios pasan a ser tratados como potenciales sospechosos, aunque no exista ninguna investigación concreta ni autorización judicial.

Además, los sistemas automáticos no son infalibles. Pueden generar falsos positivos, afectar a conversaciones legítimas y exponer información extremadamente sensible. En el caso de mensajes cifrados, el impacto podría ser todavía mayor porque obligaría a rediseñar la arquitectura de servicios que hoy protegen a periodistas, activistas, abogados, empresas y ciudadanos corrientes.

Una batalla que todavía no ha terminado

El fracaso del último trilogo no significa que el “Chat Control 2.0” haya sido derrotado definitivamente. Significa que la propuesta sigue viva, pero sin el consenso necesario para aprobarse en sus puntos más controvertidos.

El Parlamento ha conseguido mantener por ahora su rechazo al escaneo indiscriminado de comunicaciones privadas. Al mismo tiempo, los Estados miembros favorables a mecanismos de detección más amplios parecen dispuestos a buscar rutas alternativas para recuperar parte del terreno perdido.

La batalla, por tanto, entra en una nueva fase. Ya no se juega solo en el texto del reglamento permanente, sino también en maniobras procedimentales, calendarios parlamentarios y equilibrios de poder entre instituciones europeas.

Para los usuarios, el resultado será decisivo. De él dependerá si Europa protege el cifrado como una pieza esencial de la seguridad digital o si acepta sistemas de inspección preventiva que, aunque nazcan con un objetivo legítimo, podrían cambiar para siempre la privacidad de nuestras conversaciones.