LALIGA cruza una línea roja con sus bloqueos indiscriminados: La gente ya está harta

LALIGA se está metiendo en un terreno cada vez más peligroso con su estrategia de bloqueos contra la piratería. Y no, el debate ya no gira solo en torno a si tiene derecho a proteger su negocio audiovisual, porque eso nadie lo discute seriamente.

El problema es otro: la sensación de que, en su cruzada por tumbar emisiones ilegales, está aceptando con demasiada naturalidad llevarse por delante servicios legítimos, páginas inocentes y, en el peor de los casos, situaciones humanas que jamás deberían verse afectadas por una guerra empresarial.

Ese es el punto en el que empieza el hartazgo general. No se trata de defender a quien roba contenido ni de blanquear la piratería. Se trata de preguntarse hasta qué punto es razonable que una organización privada impulse medidas que, en la práctica, terminan afectando a usuarios que no tienen absolutamente nada que ver con el problema.

El gran problema de LALIGA no es perseguir la piratería, sino cómo lo está haciendo

LALIGA lleva tiempo endureciendo su ofensiva contra las retransmisiones ilegales de partidos. Sobre el papel, el objetivo es comprensible: proteger los derechos de emisión, defender a los operadores que pagan por ellos y frenar un fenómeno que erosiona una parte clave del negocio del fútbol profesional. El problema aparece cuando la ejecución de esa estrategia empieza a parecerse demasiado a un bombardeo de amplio radio.

Porque cuando los bloqueos son tan agresivos que afectan a infraestructuras compartidas, servicios legítimos o plataformas completamente ajenas al fútbol pirata, la línea entre la defensa de un derecho y el abuso de una posición de fuerza empieza a difuminarse. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en la percepción pública.

La paciencia se ha agotado porque los daños colaterales ya no son anecdóticos

Durante un tiempo, este asunto podía parecer técnico, lejano o incluso irrelevante para buena parte del público. Se hablaba de IP, de CDN, de Cloudflare, de medidas judiciales y de webs que desaparecían durante unas horas. Para muchos usuarios, todo eso sonaba a una pelea entre grandes actores de Internet.

Pero esa fase ya ha quedado atrás. Cada vez aparecen más casos en la prensa generalista y económica, lo que demuestra que la polémica ha salido del nicho tecnológico y ha entrado de lleno en la conversación pública. Cuando los medios generalistas empiezan a prestar atención a algo así, normalmente es porque el problema ya no afecta solo a especialistas, sino a ciudadanos corrientes.

Y eso es lo que más debería preocupar a LALIGA: la idea de que su estrategia ya no se percibe como una medida quirúrgica contra la piratería, sino como una maquinaria torpe, excesiva y potencialmente dañina para terceros.

El caso de la app GPS ha sido un punto de inflexión

Si había alguna duda de que la situación se estaba volviendo insostenible, el último caso que ha saltado a la prensa la ha despejado de golpe. La historia sobre la angustia de un hijo que no encontraba a su padre por culpa de LALIGA y los bloqueos de la aplicación de GPS ha tenido un impacto enorme porque conecta de manera directa con algo que cualquiera puede entender.

Aquí ya no hablamos de una web caída durante un partido ni de una plataforma que deja de cargar durante unos minutos. Hablamos de la imposibilidad de localizar a una persona vulnerable. Hablamos de angustia real. Hablamos de una consecuencia humana que destruye de un plumazo cualquier intento de reducir este asunto a un mero daño colateral sin importancia.

Da igual que luego entren los matices técnicos, las negaciones oficiales o las discusiones sobre la causalidad exacta. La cuestión de fondo sigue siendo demoledora: si la estrategia de bloqueos de LALIGA es siquiera percibida como capaz de interferir en un servicio tan sensible como una aplicación de geolocalización, entonces algo está profundamente mal diseñado.

Cuando el relato salta a la prensa generalista, el problema deja de ser técnico

Lo que está ocurriendo ahora tiene una importancia enorme. Durante meses, las críticas a LALIGA por sus bloqueos indiscriminados se movían sobre todo en medios especializados, foros técnicos y comunidades muy concretas. Sin embargo, el aumento de casos en cabeceras generalistas está cambiando por completo el marco del debate.

Y eso altera mucho las cosas, porque ya no estamos ante una discusión entre administradores de sistemas, operadores y expertos en redes. Ahora el foco está en el ciudadano que ve que servicios legales dejan de funcionar. En la pequeña empresa que puede verse afectada sin haber hecho nada. En la familia que depende de una aplicación crítica. En el usuario que empieza a sentir que, cuando hay fútbol, una parte de Internet en España puede volverse menos fiable.

Ese cambio de escala es demoledor para la imagen de LALIGA. Porque una cosa es presentar tus medidas como una defensa legítima de tus derechos, y otra muy distinta es que la opinión pública empiece a verte como un actor que daña la experiencia digital de todo el mundo para proteger su negocio.

La desproporción empieza a ser imposible de justificar

Aquí está la clave de todo. El debate no es si LALIGA tiene derecho a actuar. Lo tiene. El debate es si lo está haciendo con proporcionalidad, precisión y respeto por terceros. Y cada vez cuesta más responder que sí.

Si para frenar retransmisiones ilegales acabas afectando a servicios legítimos, el remedio empieza a parecerse demasiado a la enfermedad. Si el sistema genera errores, interrupciones o sospechas razonables sobre el funcionamiento de plataformas inocentes, entonces no estamos ante una intervención afinada, sino ante una estrategia con un coste social y digital demasiado alto.

Lo más preocupante es que esa desproporción parece haberse ido normalizando. Como si fuera aceptable que miles de usuarios sufran problemas de acceso o funcionamiento porque, total, el objetivo es noble. Pero no, no basta con invocar la lucha contra la piratería para justificar cualquier método. En un ecosistema digital complejo, las medidas deben ser finas, auditables y extraordinariamente cuidadosas. Y lo que se está transmitiendo es justo lo contrario.

LALIGA está perdiendo la batalla del relato

Puede que en los juzgados o en el terreno técnico la organización tenga argumentos que esgrimir. Puede que pueda señalar a intermediarios, a proveedores o a la propia arquitectura de ciertas redes. Pero en términos de opinión pública, su posición se deteriora con rapidez.

Cada nuevo caso publicado refuerza la misma idea: que LALIGA está actuando con una contundencia que no distingue bien entre culpables e inocentes. Y cuando una marca o institución empieza a quedar asociada a bloqueos masivos, errores en servicios legítimos y situaciones personales angustiosas, la erosión reputacional se vuelve muy difícil de revertir.

Además, hay algo especialmente delicado en todo esto: el fútbol ocupa un espacio central en la vida pública española, y LALIGA ha disfrutado durante años de una posición de enorme influencia. Precisamente por eso debería extremar la prudencia. Cuando una entidad con ese peso transmite la sensación de que puede tensionar el funcionamiento de Internet en nombre de sus intereses, la reacción social no tarda en aparecer.

El hartazgo no nace de la piratería, sino de la sensación de abuso

Conviene insistir en esto porque es importante. El enfado no surge porque la gente quiera barra libre para ver partidos gratis. Surge porque muchos usuarios sienten que se les está haciendo pagar un precio que no les corresponde.

Ese precio puede ser una web que deja de funcionar, una app que falla, un servicio que se vuelve inaccesible o, en el peor de los casos, una situación grave que afecta a personas vulnerables. Cuando eso se repite y se acumulan los titulares, el malestar deja de ser una reacción pasajera y se convierte en un estado de opinión.

Y ahí es donde aparece ese hartazo general con LALIGA del que cada vez más gente habla abiertamente. No porque persiga a los piratas, sino porque da la impresión de que lo hace sin asumir del todo el daño que puede causar alrededor.

Hace falta una rectificación seria

Si LALIGA quiere evitar que esta crisis de imagen siga creciendo, necesita algo más que notas defensivas o explicaciones técnicas. Necesita revisar a fondo su estrategia, elevar el nivel de transparencia y garantizar que sus medidas no comprometen el funcionamiento de servicios legítimos.

Porque la situación ha llegado a un punto en el que ya no basta con decir que el objetivo es justo. También hay que demostrar que los medios empleados lo son. Y ahora mismo esa confianza está claramente rota.

La lucha contra la piratería es legítima. Los bloqueos indiscriminados, no. Y mucho menos cuando el coste acaba recayendo sobre quienes no han cometido ninguna infracción. Si LALIGA no corrige el rumbo, cada nuevo fin de semana con incidencias reforzará una conclusión que ya empieza a extenderse con demasiada fuerza: en su guerra contra la piratería, está yendo demasiado lejos.