India plantea obligar a activar el GPS de manera permanente en todos los móviles

El Gobierno de India estudia una controvertida propuesta que podría cambiar radicalmente la forma en la que los teléfonos móviles gestionan la localización.

Según el planteamiento actual, los fabricantes de smartphones estarían obligados a mantener activado de forma permanente el GPS asistido por satélite, sin permitir que los usuarios puedan desactivar esta función.

La medida ha generado una fuerte reacción por parte de las grandes tecnológicas, que consideran que se trata de una intervención excesiva en la privacidad y el control que tienen los usuarios sobre sus propios dispositivos.

Las operadoras defienden la necesidad de una localización más precisa

La iniciativa ha sido impulsada por la Cellular Operators Association of India (COAI), la principal patronal de las operadoras del país. Según esta asociación, los métodos actuales de localización basados en la triangulación de antenas móviles no ofrecen la precisión suficiente para tareas de investigación y seguridad.

Las operadoras sostienen que las autoridades necesitan acceso a coordenadas con precisión a nivel de metro, algo que solo puede garantizar el uso continuo del GPS por satélite. Desde su punto de vista, depender exclusivamente de las redes móviles limita la capacidad de actuación en investigaciones criminales, operaciones de rescate o situaciones de emergencia.

El GPS solo se activa ahora en casos concretos

En el funcionamiento actual de los smartphones, el GPS no está activo de forma permanente.

Normalmente solo se habilita cuando una aplicación solicita acceso a la ubicación, el usuario lo autoriza manualmente o se realiza una llamada de emergencia.

La propuesta supondría un cambio total de este modelo, ya que el GPS tendría que estar activo de manera constante, independientemente del uso real del dispositivo.

Petición para eliminar los avisos al usuario

Además de exigir el encendido permanente del GPS, la COAI también ha solicitado al gobierno que se eliminen las notificaciones que alertan al usuario cuando el operador intenta acceder a su ubicación.

Actualmente, estos avisos funcionan como un mecanismo de transparencia, ya que permiten al usuario saber cuándo su localización está siendo consultada por la red. Si se aprueba esta petición, el acceso a los datos de ubicación podría realizarse de forma silenciosa, sin conocimiento del propietario del dispositivo.

Appley Google rechazan formalmente la propuesta

Apple ha mostrado una oposición clara a este planteamiento. En una carta enviada en julio a través de la India Cellular & Electronics Association (ICEA), organización que representa tanto a Apple como a Google, las empresas tecnológicas advirtieron al Gobierno indio de que imponer el GPS siempre activo supondría un grave exceso regulatorio.

Según las compañías, obligar a mantener activa esta función vulneraría principios básicos de privacidad, seguridad y control del usuario sobre su propio terminal.

Antecedente reciente: una orden retirada tras duras críticas

Esta polémica llega poco después de que el Ejecutivo indio se viera obligado a retirar otra directiva igualmente controvertida. En ese caso, la orden habría obligado a todos los fabricantes a preinstalar una aplicación gubernamental en los smartphones y a impedir que los usuarios desactivaran sus funciones.

Tras una oleada de críticas públicas y presiones del sector tecnológico, el Gobierno acabó anulando dicha orden. Este precedente alimenta la esperanza de que la nueva propuesta sobre el GPS pueda correr la misma suerte.

Privacidad frente a seguridad: un debate cada vez más tenso

El conflicto pone sobre la mesa un debate global que va mucho más allá de India: hasta qué punto pueden los gobiernos exigir acceso permanente a los datos de localización de millones de ciudadanos en nombre de la seguridad.

Mientras las autoridades y operadoras defienden la necesidad de contar con herramientas más precisas para combatir el crimen, las empresas tecnológicas alertan del riesgo de crear una infraestructura de vigilancia masiva permanente. La decisión final marcará un precedente clave en la relación entre gobiernos, fabricantes y usuarios.