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El mundo de la inteligencia artificial vuelve a estar en el centro de la polémica. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, se enfrenta a una situación legal compleja tras una demanda del New York Times por supuesta infracción de derechos de autor.
En el centro del conflicto, una orden judicial exige que OpenAI guarde indefinidamente todos los registros de conversaciones de sus usuarios, lo que ha desatado preocupaciones sobre la privacidad y el manejo de datos por parte de las grandes tecnológicas.
Todo comenzó en diciembre de 2023, cuando The New York Times presentó una demanda contra OpenAI y Microsoft, alegando que sus modelos de inteligencia artificial se entrenaron con millones de artículos protegidos por derechos de autor sin autorización.
El diario sostiene que ChatGPT no solo reproduce en ocasiones fragmentos exactos de sus contenidos, sino que también genera artículos falsos atribuidos al medio, lo que afectaría directamente su modelo de negocio. Para rastrear posibles infracciones, el tribunal emitió una orden que obliga a OpenAI a conservar todos los registros de conversación y contenido de la API sin fecha límite.
OpenAI ha presentado una apelación argumentando que esta medida viola gravemente la privacidad de los usuarios. La empresa asegura que almacenar de forma indefinida cada interacción de los millones de usuarios de ChatGPT contradice sus compromisos de privacidad.
El CEO Sam Altman calificó la decisión como “un precedente peligroso” y una acción “excesiva” que carece de protecciones adecuadas frente a posibles usos indebidos de los datos almacenados.
Además de la preocupación por la privacidad, OpenAI advierte que la orden representa una carga desproporcionada a nivel técnico y operativo. Gestionar y almacenar de manera permanente todos los datos de uso global de ChatGPT supondría una inversión masiva de recursos, que podría afectar directamente el avance de sus investigaciones y desarrollos tecnológicos.
La compañía propuso una alternativa basada en el muestreo aleatorio de datos, pero esta opción fue rechazada por los abogados del New York Times, que la consideraron inviable.
OpenAI también cuestiona la validez misma de la demanda. La describe como infundada y considera que las exigencias judiciales se basan en meras conjeturas. Además, señala que la retención indefinida de datos no se alinea con los estándares comunes en la industria y contradice sus propias políticas de eliminación automática de datos, que normalmente se aplican tras un plazo determinado (por ejemplo, 30 días).
Es importante aclarar que la orden judicial no afecta a los usuarios de ChatGPT Enterprise ni a instituciones educativas, sino que se aplica a quienes usan las versiones Free, Plus, Pro, Team y las APIs sin contratos de retención cero.
Este conflicto pone sobre la mesa temas críticos como la propiedad intelectual, la privacidad de los usuarios y los límites legales de la IA generativa. La apelación de OpenAI no solo busca revocar una orden específica, sino también defender el principio de privacidad como base en la relación entre usuarios y tecnologías de IA.
Mientras el proceso legal continúa, el resultado de este caso podría sentar precedentes importantes para todo el sector tecnológico, marcando nuevas reglas sobre cómo se recolectan, almacenan y utilizan los datos en el entrenamiento de modelos de lenguaje.