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Estados Unidos ha dado un giro significativo en su política exterior digital tras anunciar su retirada de 66 organizaciones internacionales que la administración de Donald Trump considera “contrarias a los intereses nacionales”.
Esta decisión, formalizada mediante una orden ejecutiva firmada esta semana, obliga a todas las agencias federales a cesar de inmediato su participación y financiación en dichas entidades.
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La medida no solo afecta a acuerdos climáticos de Naciones Unidas o a organismos centrados en desarrollo, igualdad de género o resolución de conflictos, sino que también impacta de lleno en organizaciones clave para la defensa de los derechos digitales y la ciberseguridad global.
Estados Unidos rompe con organizaciones internacionales clave
La lista de organizaciones de las que Estados Unidos se retira incluye iniciativas creadas con el objetivo de fomentar la cooperación internacional y la estabilidad global. Entre ellas figuran dos plataformas especialmente relevantes para el ecosistema digital: la Freedom Online Coalition y el Global Forum on Cyber Expertise.
La orden ejecutiva establece que ningún organismo gubernamental estadounidense podrá seguir colaborando ni aportando fondos a estas entidades, lo que supone un cambio drástico en el papel tradicional del país como impulsor de iniciativas multilaterales en el ámbito digital.
Qué es la Freedom Online Coalition y por qué es relevante
La Freedom Online Coalition agrupa a más de 40 gobiernos que trabajan de forma coordinada para promover un entorno digital en el que el uso de Internet y de las tecnologías digitales refuerce los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho.
Durante años, esta coalición ha servido como foro de cooperación política y diplomática para abordar desafíos como la censura, la vigilancia masiva o la represión digital. La salida de Estados Unidos supone un golpe importante para su influencia y capacidad de actuación a nivel global.
El papel del Global Forum on Cyber Expertise en la ciberseguridad mundial
Por su parte, el Global Forum on Cyber Expertise reúne a más de 250 miembros procedentes de gobiernos, sector privado, mundo académico y sociedad civil. Su misión se centra en reforzar la resiliencia cibernética de los países, apoyar el desarrollo de economías digitales y defender un Internet abierto, libre y seguro para todos.
En declaraciones enviadas a medios especializados, el organismo ha reiterado su compromiso con la cooperación práctica, el intercambio de conocimiento y la participación multiactor, incluso tras la retirada del apoyo estadounidense.
La justificación política detrás de la decisión
En un comunicado oficial, el secretario de Estado Marco Rubio reconoció que muchas de las organizaciones incluidas en la lista fueron creadas originalmente para promover la paz y la cooperación internacional. Sin embargo, argumentó que con el tiempo se han transformado en una “arquitectura de gobernanza global” dominada, según sus palabras, por ideologías progresistas alejadas de los intereses nacionales de Estados Unidos.
Esta visión refuerza una línea política que prioriza la soberanía nacional frente a los compromisos multilaterales, incluso en ámbitos tan interconectados como el digital.
Antecedentes: los derechos digitales ya estaban en el punto de mira
No es la primera vez que Estados Unidos reduce su apoyo a organizaciones vinculadas a los derechos digitales. En 2024, el Open Technology Fund sufrió importantes recortes presupuestarios en el marco de ajustes más amplios en la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales.
Este fondo desempeña un papel clave en el respaldo a tecnologías anticensura, como redes privadas virtuales y herramientas como Tor, además de financiar investigaciones y proyectos en defensa de los derechos digitales a escala global. Aunque una orden judicial permitió mantener la financiación de forma temporal, el litigio sigue abierto.
Otras organizaciones afectadas por los recortes
La presión no se limita a la Freedom Online Coalition y al GFCE. Otras entidades que trabajan en la promoción de libertades civiles y derechos digitales también se han visto afectadas, como Freedom House, responsable del informe anual Freedom on the Net, y la National Endowment for Democracy, que financia iniciativas de derechos humanos y libertades digitales en todo el mundo.
Estos recortes debilitan una red internacional que durante décadas ha contado con el respaldo financiero y político de Estados Unidos.
Un duro golpe para la coordinación global en el ámbito digital
La retirada del apoyo estadounidense supone una carga significativa para la Freedom Online Coalition y el Global Forum on Cyber Expertise, tanto en términos de recursos económicos como de alcance internacional. Esta pérdida podría limitar seriamente su capacidad para cumplir sus objetivos de mejora de las libertades en Internet y fortalecimiento de capacidades en ciberseguridad.
Además, el sector de los derechos digitales afronta ahora un escenario especialmente complejo, agravado por la reducción de fondos a múltiples organizaciones internacionales de forma simultánea.
Incertidumbre sobre el relevo del liderazgo estadounidense
Una de las grandes incógnitas es si otros países democráticos cuentan con la capacidad financiera y la voluntad política necesarias para compensar la salida de Estados Unidos. Hasta el momento, no está claro si alguna nación o grupo de países podrá asumir un papel equivalente en la financiación y el liderazgo de estas iniciativas.
En un comunicado oficial, el Global Forum on Cyber Expertise afirmó que respeta la decisión del gobierno estadounidense, al tiempo que reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la capacidad cibernética global mediante la cooperación práctica y el trabajo conjunto de múltiples actores.
Un futuro incierto para los derechos digitales globales
La retirada de Estados Unidos de estas organizaciones marca un punto de inflexión en la gobernanza digital internacional. Con menos recursos y menor coordinación global, la defensa de un Internet libre, seguro y equitativo enfrenta retos sin precedentes, justo en un momento en el que la ciberseguridad y los derechos digitales son más críticos que nunca.