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El Gobierno de España ha anunciado un endurecimiento sin precedentes de la regulación de las redes sociales, con el objetivo de proteger a los menores y aumentar la responsabilidad legal de las plataformas digitales.
Entre las medidas más destacadas figura la prohibición de acceso a redes sociales a menores de 16 años, una iniciativa que sitúa a España en la misma línea que otros países europeos y occidentales.
España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que España vetará el uso de redes sociales a los menores de 16 años, una decisión que responde a la creciente preocupación por el impacto de estas plataformas en la salud mental y el desarrollo de los adolescentes.
La medida busca garantizar un entorno digital más saludable, especialmente si se tiene en cuenta que los menores españoles son los que más tiempo pasan en redes sociales dentro de su franja de edad, con una media de 1 hora y 17 minutos diarios.
Anuncio oficial en la Cumbre Mundial de Gobiernos de Dubái
El anuncio se ha producido durante la intervención de Sánchez en la Cumbre Mundial de Gobiernos, celebrada en Dubái, un foro internacional en el que participan más de 30 jefes de Estado y de Gobierno. En este contexto, el presidente ha subrayado la necesidad de actuar de forma decidida para convertir las plataformas digitales en espacios más seguros.
Según ha explicado, el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana un paquete de medidas destinadas a reforzar el control sobre las plataformas sociales y limitar su impacto negativo en los menores.
Obligación de controles efectivos por parte de las plataformas
Para que la prohibición sea efectiva, el Gobierno exigirá a las plataformas digitales la implantación de barreras reales y sistemas de verificación eficaces que impidan el acceso de menores de 16 años. El Ejecutivo considera insuficientes los mecanismos actuales y reclama soluciones técnicas que funcionen de verdad.
Responsabilidad legal de los directivos de las redes sociales
Una de las novedades más relevantes del plan anunciado es el fin de la impunidad legal de los directivos de las plataformas digitales. El Gobierno pretende que los responsables ejecutivos puedan responder legalmente por las infracciones que se cometan en los servicios que gestionan.
Aunque Sánchez ya había avanzado esta intención en ocasiones anteriores, ahora ha concretado que se adoptarán medidas legales específicas para hacerla efectiva.
Delito por manipulación de algoritmos y amplificación de contenido ilegal
El Ejecutivo español también tipificará como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación deliberada de contenido ilegal. Esta medida apunta directamente al papel que juegan los sistemas de recomendación en la difusión de mensajes de odio, desinformación o contenidos dañinos.
Creación de una Huella de Odio y Polarización
Según ha explicado Sánchez, el Gobierno desarrollará un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer una Huella de Odio y Polarización. Este mecanismo serviría para analizar cómo se propagan determinados contenidos y facilitar la identificación de posibles infracciones legales.
Investigación de plataformas concretas
El presidente ha anunciado además que el Gobierno abordará junto a la Fiscalía las vías para investigar posibles infracciones legales en plataformas como Grok, TikTok e Instagram, reforzando el control sobre su funcionamiento y sus algoritmos.
Coordinación europea para una regulación más estricta
España se ha unido a otros cinco países europeos en la denominada Coalición de los Dispuestos Digitales, una alianza que busca avanzar de forma coordinada en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz sobre las plataformas sociales a nivel multinacional.
El objetivo es evitar que las grandes tecnológicas aprovechen vacíos legales entre países y garantizar un marco regulatorio homogéneo en Europa.
Un cambio profundo en la relación entre Estado y plataformas digitales
Con este conjunto de medidas, el Gobierno español plantea un cambio estructural en la gobernanza del entorno digital, poniendo el foco en la protección de los menores, la transparencia algorítmica y la responsabilidad directa de las plataformas y sus directivos.