La corte argentina ordena a Google a desinstalar remotamente una app instalada por fuera de la Play Store

En Argentina, un tribunal ha ordenado a Google desinstalar de inmediato la aplicación de terceros Magis TV. Esta medida forma parte de una amplia campaña antipiratería denominada Operación 404, impulsada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil.

La operación ha contado con la colaboración de varios países de la región, incluido Argentina, donde las autoridades incautaron cientos de dispositivos Android TV y arrestaron a tres sospechosos vinculados con la distribución de Magis TV, una aplicación que permite el acceso a contenido de forma ilegal.

La operación también incluyó una orden para que los proveedores de servicios de internet bloqueen varias direcciones IP asociadas con Magis TV. La decisión de la corte argentina ha generado controversia, ya que exige que Google, como desarrollador del software Android Open Source Project, utilice “los medios técnicos necesarios para desinstalar de forma inmediata la aplicación Magis TV de los sistemas Android” en el territorio argentino.

Problemas de cumplimiento y cuestionamientos legales

Este tipo de orden plantea serios desafíos de implementación. En primer lugar, no está claro si Google puede, o debe, cumplir con esta exigencia.

Aunque la empresa tiene la capacidad de eliminar aplicaciones maliciosas que se escapan de las protecciones de la Play Store a través de Google Play Protect, Magis TV no se encuentra en dicha tienda y su instalación solo es posible mediante sideloading, es decir, la instalación manual por parte del usuario.

Para cumplir con la orden, Google tendría que modificar dispositivos sin el consentimiento de los usuarios, lo cual contradice los principios básicos de propiedad sobre un dispositivo.

Además, el fallo judicial argentino indica el nombre específico del archivo APK que se debe eliminar, junto con su hash asociado, pero sería fácil para los desarrolladores cambiar el nombre del archivo o alterar un par de líneas de código para evitar su identificación. Esto deja en duda la efectividad real de la medida y su capacidad para frenar la distribución de la aplicación.

Implicaciones para Google y los fabricantes de dispositivos

Si Google lograra cumplir con esta orden, esto podría tener consecuencias significativas. Por un lado, podría crear incertidumbre en los acuerdos que Google tiene con los fabricantes de dispositivos, ya que muchas veces estos acuerdos permiten la distribución de software fuera de la Play Store. Además, esto abriría la puerta a futuras solicitudes similares en otros países, lo cual podría complicar aún más la situación.

La orden judicial también pone de relieve la falta de un marco legal claro para abordar estas cuestiones. Argentina ha tenido problemas con la corrupción judicial en el pasado, lo que añade un nivel adicional de complejidad y escepticismo a la situación.

Esta es una cuestión que podría tener repercusiones significativas no solo para Google, sino para todos los usuarios de Android en Argentina y posiblemente en otros países.

Este caso plantea importantes preguntas sobre la seguridad y la propiedad digital. ¿Hasta qué punto pueden las empresas tecnológicas intervenir en los dispositivos de los usuarios sin su permiso? ¿Qué derechos tienen los usuarios sobre el software que instalan en sus dispositivos? La situación en Argentina podría sentar un precedente, ya sea para proteger los derechos de los usuarios o para permitir que las autoridades tengan mayor control sobre el software en dispositivos privados.