El Congreso actuará contra los bloqueos masivos de IP de LaLiga: qué cambia ahora

La batalla contra la piratería en España lleva tiempo generando efectos colaterales que van mucho más allá del contenido ilegal.

En los últimos meses, múltiples servicios digitales legítimos han sufrido caídas debido a bloqueos masivos de direcciones IP relacionados con las acciones de LaLiga. Ahora, el Congreso ha decidido intervenir y ya prepara el terreno para limitar este tipo de prácticas.

La Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital ha aprobado una iniciativa que, aunque no tiene efectos legislativos inmediatos, marca un cambio de rumbo claro. El objetivo es evitar que resoluciones judiciales dirigidas contra la piratería acaben afectando a plataformas completamente ajenas al problema.

Una reforma legal en camino dentro de la Ley de Servicios Digitales

El acuerdo, impulsado inicialmente por ERC y posteriormente pactado con el PSOE, pone sobre la mesa una futura modificación de la Ley de Servicios Digitales, actualmente en tramitación parlamentaria. Esta normativa será clave para adaptar el marco español al reglamento europeo en materia digital.

Entre los cambios que se contemplan destaca la introducción del principio de proporcionalidad tecnológica.

En la práctica, esto significa que las medidas contra la piratería deberán aplicarse de forma más precisa y escalonada, evitando daños innecesarios a terceros.

Además, se busca reforzar la protección de derechos fundamentales en el entorno digital, como la libertad de expresión, el acceso a la información o la innovación. Especial atención recibirán aquellas plataformas sin ánimo de lucro o con funciones de servicio público, que hasta ahora han sido víctimas colaterales de estos bloqueos.

Servicios legítimos, los grandes perjudicados

Uno de los puntos más controvertidos de esta situación es el impacto sobre aplicaciones y servicios que nada tienen que ver con la piratería. Durante el debate parlamentario, se citaron ejemplos concretos de plataformas afectadas, incluyendo herramientas públicas de información sobre infraestructuras o apps utilizadas en el ámbito sanitario y asistencial.

La problemática es sencilla de entender: cuando se bloquea una IP que alberga múltiples servicios —algo habitual en infraestructuras compartidas—, todos ellos quedan inaccesibles, independientemente de su legitimidad.

Esto ha provocado situaciones tan llamativas como interrupciones en servicios de geolocalización utilizados para el cuidado de personas dependientes o la caída de plataformas informativas durante eventos deportivos.

Consenso parcial y diferencias políticas

La iniciativa salió adelante con el respaldo de PSOE, ERC y otros grupos como Sumar, PNV o Bildu, mientras que PP y Vox votaron en contra. Aun así, desde el Partido Popular también reconocen la necesidad de mejorar la precisión en la ejecución de estas medidas.

De hecho, los populares ya han avanzado que presentarán enmiendas a la Ley de Servicios Digitales con el objetivo de obligar a plataformas e intermediarios a aplicar bloqueos más selectivos, especialmente en entornos donde múltiples servicios comparten infraestructura.

Hacia unas “reglas claras” en Internet

Uno de los mensajes más repetidos durante el debate ha sido la necesidad de establecer normas claras que equilibren la lucha contra la piratería con la protección del ecosistema digital.

Los impulsores de la iniciativa consideran que, hasta ahora, intereses privados han tenido un impacto excesivo sobre el funcionamiento de Internet, afectando directamente a los usuarios. La reforma busca precisamente corregir ese desequilibrio.

También se plantea mejorar la coordinación entre actores implicados y evaluar el impacto real de las órdenes de bloqueo antes de su ejecución, algo que podría evitar muchos de los problemas actuales.

Un cambio de enfoque que puede marcar el futuro digital

Aunque todavía no hay cambios legales en vigor, lo aprobado en el Congreso supone un primer paso importante. Por primera vez, existe un consenso amplio sobre la necesidad de limitar los efectos secundarios de la lucha contra la piratería.

Si la reforma de la Ley de Servicios Digitales incorpora estas medidas, podríamos estar ante un cambio significativo en cómo se gestionan los bloqueos en Internet en España, con un enfoque más equilibrado entre control y protección de derechos.