LALIGA presume del éxito de su ofensiva contra la piratería en bares

LALIGA ha anunciado que ya ha superado las 2.000 sentencias condenatorias en procedimientos relacionados con la emisión ilegal de partidos en establecimientos del canal HORECA —hoteles, restaurantes y cafeterías—.

La patronal del fútbol español presenta esta cifra como un gran éxito dentro de su estrategia global antifraude, subrayando que su objetivo es impedir que se sigan retransmitiendo encuentros de forma fraudulenta en locales públicos.

Sobre el papel, el mensaje parece claro: proteger los derechos audiovisuales, defender a los negocios que pagan por emitir el fútbol y combatir una práctica que, según LALIGA, perjudica tanto a la industria deportiva como a los aficionados.

Sin embargo, detrás de esta narrativa triunfalista hay una lectura bastante más incómoda. Porque una cosa es perseguir el fraude y otra muy distinta convertir a los ciudadanos en denunciantes. Recordemos que, hace unas semanas, LALIGA comenzó a pagar a ciudadanos para que denuncien a bares que presuntamente emiten partidos sin autorización.

Más de 2.000 condenas y una media de casi una sentencia al día

Las acciones judiciales de LALIGA contra establecimientos del sector HORECA comenzaron a principios de 2019, durante la temporada 2018/19. Desde entonces, la organización asegura haber mantenido un trabajo constante para identificar aquellos locales que emitían deporte en directo sin disponer de los derechos correspondientes.

El dato que ahora pone sobre la mesa es contundente: más de 2.000 sentencias condenatorias. Según explica la propia organización, esto equivale a una media de casi una sentencia condenatoria al día desde que decidió intensificar la vía penal en este ámbito.

A esa cifra se suman además 317 casos aún en fase de instrucción y 488 procedimientos pendientes de juicio oral, lo que demuestra que la maquinaria judicial sigue plenamente activa. Desde la perspectiva de LALIGA, estas cifras refuerzan la idea de una ofensiva sostenida y eficaz contra la piratería en bares y restaurantes.

La patronal del fútbol insiste en que protege a los negocios legales

LALIGA sostiene que estas acciones buscan proteger a los miles de establecimientos que sí pagan por emitir el fútbol de forma legal. Según su argumentario, los locales que piratean competiciones deportivas obtienen una ventaja competitiva ilegítima frente a quienes cumplen con la normativa.

No cabe duda de que existe una base razonable en ese planteamiento. Un negocio que asume los costes de una suscripción legal no debería competir en desigualdad con otro que utiliza señales ilegales para atraer clientes.

El problema es que ña patronal suele enmarcar toda su estrategia como una defensa del ecosistema deportivo, de los clubes, de los aficionados y del propio futuro del fútbol. Pero ese relato omite un matiz importante: LALIGA no actúa solo como garante del deporte, sino como una organización que protege un negocio multimillonario y que, en demasiadas ocasiones, parece más preocupada por blindar su modelo comercial que por abrir un debate equilibrado sobre precios, accesibilidad y derechos de los consumidores.

Programas de fidelización, canal de denuncias y gratificaciones: la estrategia antipiratería va mucho más allá de los tribunales

LALIGA deja claro que su ofensiva no se limita a los juzgados. Entre las iniciativas complementarias que destaca dentro del ecosistema HORECA se encuentra LALIGA BARES, descrito como un programa de fidelización y comunidad exclusiva para hostelería. Su objetivo, según la organización, es conectar con los hosteleros, garantizar que los locales cumplan la normativa audiovisual y asegurar que los clientes disfruten de una visualización de calidad y sin interrupciones.

A esto se suma un canal de denuncias anónimo, pensado para que tanto hosteleros como consumidores puedan informar sobre establecimientos que estén emitiendo el fútbol de forma ilegal. Además, la organización recuerda el lanzamiento reciente de un plan de gratificaciones puesto en marcha el pasado mes de enero.

Aquí es donde el tono institucional empieza a volverse especialmente problemático. Porque una cosa es facilitar mecanismos para denunciar fraude y otra muy distinta promover una cultura de vigilancia constante dentro del sector. Cuando una patronal deportiva anima a que se denuncie de forma anónima a otros establecimientos y acompaña esa política con incentivos y una comunicación muy combativa, la sensación que deja es la de una estrategia cada vez más cercana al señalamiento sistemático que a una simple defensa de derechos audiovisuales.

LALIGA habla del daño económico de la piratería, pero evita cualquier autocrítica

La organización cifra el impacto de la piratería en España entre 600 y 700 millones de euros al año. Según su relato, estas pérdidas no afectan únicamente a los clubes profesionales, sino también al conjunto del ecosistema del deporte en el país. En esa lista incluye las aportaciones al Consejo Superior de Deportes, a la Real Federación Española de Fútbol, al fútbol base, al fútbol femenino y, además, a la recaudación fiscal.

Es un argumento potente, y LALIGA lo utiliza con frecuencia para justificar la dureza de su ofensiva. El problema es que esa narrativa vuelve a presentarse de manera unilateral, como si el fenómeno de la piratería surgiera en el vacío y no tuviera ninguna relación con el propio modelo de comercialización del fútbol.

En ningún momento se aprecia una reflexión seria sobre si los precios, la fragmentación de las competiciones, las condiciones del mercado audiovisual o la dificultad de acceso para muchos aficionados y negocios pueden estar influyendo en ese problema. LALIGA tiende a reducir la cuestión a una batalla moral entre quienes cumplen y quienes roban, cuando la realidad es mucho más compleja. Y esa simplificación interesada impide abordar el fondo del asunto.

La reducción del consumo pirata no resuelve el debate de fondo

LALIGA asegura que durante la temporada 2024/25 consiguió reducir en España el índice de consumo de piratería en un 60 %. La cifra le sirve para reforzar la idea de que su estrategia funciona y de que debe seguir intensificándose en los próximos años.

Pero incluso aceptando ese dato como válido, la pregunta relevante sigue siendo otra: ¿a qué precio se está consiguiendo esa reducción? Porque una política antipiratería no debería evaluarse solo por el número de condenas o por la caída de accesos ilegales, sino también por sus efectos sobre la competencia, la hostelería, la privacidad, la percepción pública y el equilibrio entre protección de derechos y abuso de posición dominante.