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La carrera por construir una inteligencia artificial cada vez más potente podría encontrarse con un freno mucho más contundente que una multa. Bernie Sanders y Greg Casar proponen hasta 20 años de prisión para determinados responsables que incumplan las restricciones sobre IA avanzada y superinteligencia, dentro de una iniciativa que también pondría en riesgo la continuidad de las empresas infractoras.
El senador independiente por Vermont y el congresista demócrata por Texas anunciaron la propuesta el 3 de septiembre de 2026 y la presentaron formalmente el 23 de septiembre. La iniciativa combina una prohibición permanente, una pausa temporal y un nuevo supervisor federal: entender esa diferencia es esencial para saber qué cambiaría realmente.
Qué quiere prohibir exactamente Sanders
La iniciativa se llama Ban Artificial Superintelligence Act y tiene dos objetivos distintos: vetar permanentemente la superinteligencia y detener de manera temporal el desarrollo de IA avanzada. Mezclarlos llevaría a pensar, equivocadamente, que ambos frenos tendrían la misma duración.
El texto considera superinteligencia una IA que supere las capacidades cognitivas humanas en la mayoría de ámbitos, o que pueda planear y ejecutar la destrucción o la pérdida de poder de la humanidad. También contempla sistemas que puedan modificarse fácilmente para alcanzar esas capacidades.
La prohibición alcanza además determinadas capacidades precursoras: acelerar sustancialmente la investigación de IA, acceder sin permiso a infraestructuras protegidas, resistirse al apagado, facilitar armas nucleares, químicas o biológicas, mejorarse de forma autónoma o engañar para eludir la supervisión humana.
Esto abre una cuestión importante para el debate: ¿cómo se mide una capacidad peligrosa antes de que cause daños? La frontera regulatoria dependería de las evaluaciones y de su aplicación, con consecuencias muy diferentes para un asistente cotidiano y para un sistema autónomo de investigación.
Hasta 20 años de prisión, con matices importantes
El apartado penal prevé multas y hasta 20 años de cárcel para personas con funciones de decisión en entidades autorizadas y para actores ajenos a ellas que incumplan temerariamente las disposiciones señaladas. El máximo no equivale a una condena automática para cualquier programador.
Para otras personas sin esas funciones de decisión, el texto establece una prohibición de trabajar en la industria de la IA durante 10 años, con revisión y posibles exenciones para denunciantes. También incluye protección frente a represalias por comunicar infracciones.
Las entidades podrían perder su autorización y afrontar la confiscación de activos y propiedad intelectual para eliminar los sistemas y equipos relacionados con la infracción, con mecanismos de recurso. Los promotores describen este desenlace como una especie de pena de muerte empresarial.
La comparación con las armas nucleares procede de los propios impulsores: sitúan el máximo de prisión en una escala similar a la del desarrollo nuclear ilícito. La analogía se refiere a la gravedad de la sanción; no implica que programar una IA y fabricar una bomba sean actividades equivalentes.
Una pausa que afectaría al desarrollo de los modelos más potentes
La definición de IA avanzada parte de un entrenamiento de al menos 1025 operaciones enteras o de coma flotante, con ajustes anuales del umbral. Es una referencia al cómputo de entrenamiento, no al número de usuarios ni al consumo eléctrico de una consulta.
Durante la pausa no se podrían entrenar, modificar ni ajustar estos sistemas, salvo para retirar capacidades precursoras o dejarlos inoperativos. También se impediría desplegar modelos avanzados todavía no publicados: el alcance va bastante más allá de retrasar una presentación comercial.
La pausa no tendría una fecha de finalización fija: terminaría cuando el nuevo departamento estuviera plenamente dotado de personal y hubiera aprobado las reglas de seguridad. Estas incluirían comunicar planes, evaluar modelos durante su ciclo de vida, auditar prácticas y autorizar lanzamientos.
Para el usuario, la consecuencia potencial sería una ralentización de las nuevas generaciones de modelos cubiertos por la norma. Para las empresas, la incertidumbre estaría en cuánto tardaría en funcionar la supervisión y qué cambios necesitarían para obtener autorización.
Un departamento federal para vigilar, autorizar y retirar sistemas
Sanders y Casar plantean crear un Departamento de Inteligencia Artificial con rango de gabinete. Contaría con una junta de asesoramiento científico independiente, de modo que la vigilancia de los modelos de frontera tendría una estructura federal específica.
Su misión abarcaría supervisar todo el ciclo de vida de los sistemas y la eliminación de capacidades peligrosas, como desobedecer órdenes de apagado o ejecutar ciberataques no autorizados. También tendría que supervisar la inutilización de las superinteligencias identificadas.
El proyecto exige una autorización para desarrollar o distribuir modelos avanzados y acceso del regulador a sistemas, procesos, personal e infraestructura. Asimismo, contempla aislar de internet modelos con capacidades precursoras y dejarlos inoperativos en un plazo de 30 días si no se verifica su eliminación.
El diseño plantea una dificultad práctica evidente: un regulador necesita conocimiento y recursos para evaluar a los laboratorios que supervisa. Una revisión superficial aportaría poca seguridad; una revisión demasiado lenta podría convertirse en un cuello de botella para la investigación.
Por qué la seguridad de la IA ha llegado a este punto
Los promotores sostienen que no basta con las promesas voluntarias de las grandes tecnológicas. En su anuncio inicial citaron episodios de agentes que habrían eludido controles, accedido a internet y coordinado comunicaciones, además del riesgo de utilizar IA para facilitar amenazas biológicas.
Su argumento también se apoya en advertencias de figuras como Sam Altman, Dario Amodei y Elon Musk sobre una posible pérdida de control. Reconocer riesgos, sin embargo, no significa respaldar todos los detalles de esta prohibición o aceptar su régimen de sanciones.
El debate conecta con las advertencias de OpenAI y Anthropic ante la ONU sobre la seguridad de la IA. La pregunta de fondo es quién debe decidir qué nivel de riesgo resulta aceptable y qué pruebas permiten justificar esa decisión.
Conviene separar las advertencias y los escenarios de riesgo de las certezas científicas. El riesgo de una catástrofe futura no es un hecho consumado, y las predicciones de los líderes del sector tampoco constituyen por sí solas una demostración de que vaya a ocurrir.
El desafío de prohibir la superinteligencia en todo el mundo
La propuesta busca acuerdos internacionales, coordinación con países aliados y posibles controles de exportación de infraestructura de cómputo. Su ambición es impedir el desarrollo de superinteligencia fuera de Estados Unidos, evitando que una restricción nacional simplemente desplace los proyectos.
Ahí aparece el gran choque entre seguridad y competitividad. Quienes defienden acelerar la IA invocan la ventaja tecnológica y la seguridad nacional; quienes piden frenos consideran que una pérdida irreversible de control tendría consecuencias mucho mayores que cualquier retraso económico.
Tom’s Hardware recoge además la sospecha de algunos críticos de que la regulación podría favorecer a los grandes actores o impulsar una iniciativa estatal al estilo de un nuevo Proyecto Manhattan. Es una interpretación de sus posibles incentivos, no un plan demostrado ni una consecuencia inevitable de la iniciativa.
Por ahora, el dato decisivo es que estamos ante un proyecto de ley, no una prohibición ya en vigor. Su aprobación exigiría superar el proceso legislativo y una fuerte discusión política: el verdadero debate será cómo combinar controles verificables, investigación útil y cooperación internacional.