Los autobuses escolares de EE. UU. ya usan IA para detectar infracciones: ¿más seguridad o más multas?
Un autobús escolar parado también puede ser una cámara de tráfico. En algunos distritos de Estados Unidos, los vehículos llevan sistemas que detectan posibles adelantamientos indebidos mientras recogen o dejan a los alumnos. La grabación puede acabar en una multa, tras una revisión humana.
El objetivo es proteger a los niños al subir y bajar del autobús. El despliegue plantea una pregunta incómoda: ¿cómo se sabe si las cámaras hacen más segura una parada? Contar cuántas sanciones se han emitido es fácil. Averiguar qué ha cambiado para los peatones exige otros datos.
Cómo pasa una grabación del autobús a la policía
El brazo con la señal de STOP hace visible la parada a quienes circulan cerca. Una cámara instalada en el propio autobús permite revisar lo que ocurrió junto al vehículo, en lugar de depender de que hubiera un agente en el lugar.
En el distrito escolar de Allentown, el sistema combina vídeo, hora y ubicación GPS. La IA filtra posibles infracciones y un especialista prepara las pruebas para que las revise la policía antes de que se emita la sanción.
Esa separación de tareas importa. Una imagen de la matrícula puede ayudar a identificar un vehículo, pero el vídeo completo permite comprobar la secuencia: por dónde circulaba, cuándo pasó y en qué momento se desplegó el brazo del autobús.
El caso de Maryland: lo emitido y lo recaudado son cifras distintas
Una investigación de Bloomberg Businessweek y Type Investigations, recogida por TechSpot, contabilizó más de 375.000 sanciones y 92 millones de dólares en multas emitidas (unos 82,4 millones de euros) en el condado de Montgomery, en Maryland.
Entre los ejercicios fiscales de 2019 y 2024, el condado retuvo unos 18,5 millones de dólares (unos 16,6 millones de euros) de los cobros y reservó alrededor de 40 millones de dólares (unos 35,8 millones de euros) para BusPatrol. La empresa dice que su parte cubre la instalación y la operación del sistema y que absorbe el déficit si no se cubren los costes.
Financiar el equipo con las propias multas evita un desembolso inicial en determinados contratos. También plantea qué ocurriría si el programa funcionara tan bien que casi nadie volviera a cometer la infracción: la mejora que se busca reduciría la recaudación que paga el sistema.
Qué datos servirían para saber si funciona
En Montgomery, los investigadores encontraron poca reducción de las infracciones y no hallaron pruebas de que hubieran disminuido las colisiones cerca de autobuses parados. La falta de pruebas de mejora no demuestra que el sistema sea inútil, pero tampoco permite dar por cumplido su objetivo.
Una primera dificultad es que el número de multas depende tanto de la conducta de los conductores como de cuántos autobuses vigilan la carretera. Si se instalan más cámaras, pueden aparecer más sanciones aunque el riesgo en cada parada se mantenga igual.
Para separar ambos efectos sería útil comparar infracciones por cada cien paradas en rutas similares y medir qué ocurre antes y después de instalar las cámaras. También sería interesante saber cuántas alertas se descartan tras revisar el vídeo y si cambia la frecuencia de maniobras que ponen en peligro a los alumnos.
Un porcentaje bajo de reincidencia ofrece una pista, pero tiene límites. El conductor sancionado puede no volver a pasar por esa ruta o coincidir de nuevo con un autobús equipado. Medir solo a quienes ya recibieron una multa deja fuera buena parte de lo que ocurre en la calle.
La tecnología se extiende con modelos de financiación distintos
Osceola, en Florida, aprobó un contrato con Verra Mobility sin coste inicial para el distrito y con reparto de los ingresos a partes iguales. En el sureste de Idaho, Teton Stage Lines colabora con AngelTrax y busca apoyo legislativo para extender el uso de la tecnología.
Los contratos ayudan a entender por qué un distrito puede dar el paso aunque no disponga de presupuesto para equipar toda su flota. La contrapartida es que el coste del sistema queda ligado al número de infracciones cobradas.
También importa qué sucede con las grabaciones que no acaban en multa: quién puede acceder a ellas, cuánto tiempo se guardan y para qué se pueden usar.
