Amazon habría presionado a proveedores para encarecer productos en marketplaces rivales

Amazon vuelve a situarse en el centro de una batalla legal de gran calibre en Estados Unidos. Esta vez, el foco está en California, donde la Fiscalía General del estado sostiene que la compañía habría utilizado su enorme poder negociador para presionar a marcas y proveedores con el objetivo de que subieran los precios de sus productos en otras plataformas de comercio electrónico.

La acusación, recogida en documentos judiciales que han sido desvelados recientemente, dibuja un escenario especialmente delicado: Amazon no habría pactado directamente precios con sus rivales, pero sí habría empujado a los fabricantes a intervenir para que otros comercios online dejaran de vender más barato.

Según California, esa práctica habría contribuido a encarecer productos para los consumidores estadounidenses en plena crisis de coste de vida.

Qué acusa exactamente California a Amazon

El fiscal general de California, Rob Bonta, asegura que Amazon habría participado en un “esquema ilegal de fijación de precios” destinado a impedir que los compradores encontraran mejores ofertas fuera de su plataforma. La tesis del estado es que la compañía usó su posición dominante frente a muchos vendedores para forzar cambios de precios en marketplaces rivales.

La clave de la acusación está en la forma en que, supuestamente, Amazon habría operado. En lugar de coordinarse abiertamente con otras tiendas, la empresa habría presionado a sus propios proveedores para que estos exigieran a otros minoristas subir precios y alinearlos con los de Amazon. Según la demanda, si esos vendedores no colaboraban, se enfrentaban a posibles represalias comerciales.

Bonta ha llegado a afirmar que la evidencia recopilada por su oficina es muy clara y que Amazon estaría contribuyendo a hacer la vida “más inasequible” para los consumidores. Desde el punto de vista del estado, la compañía habría usado su tamaño para cerrar el paso a precios más bajos en otros canales de venta.

Una demanda que lleva años en marcha

Este nuevo movimiento judicial no surge de la nada. Forma parte del litigio que California mantiene contra Amazon desde 2022 ante el Tribunal Superior de San Francisco. El caso sigue abierto y, según la información aportada en estos documentos, el juicio está previsto para enero de 2027.

Lo que ha cambiado ahora es que han salido a la luz nuevos detalles sobre las pruebas reunidas por la acusación. Esos documentos incluyen ejemplos concretos de comunicaciones entre Amazon y distintas marcas o proveedores, que serían utilizados por California para respaldar su argumento de que la empresa actuó de manera sistemática para evitar que otros retailers ofrecieran precios más bajos.

Además, Bonta ha pedido al juez medidas inmediatas mientras el procedimiento sigue su curso. Entre ellas, que Amazon deje de hablar con sus vendedores sobre los precios que marcan los competidores y que se nombre a un supervisor independiente para vigilar el cumplimiento de esa orden.

La presión sobre los proveedores, en el centro del caso

La acusación describe una dinámica muy concreta. Según California, Amazon contactaba con vendedores y les pedía que “arreglaran”, “subieran”, “revisaran” o “gestionaran” los precios de sus productos en otras plataformas. El objetivo habría sido claro: evitar que Amazon quedara en desventaja frente a ofertas más baratas vistas en otros escaparates digitales.

El problema, siempre según la versión del estado, es que estas solicitudes no se hacían en un contexto neutral. La Fiscalía sostiene que estaban respaldadas por la amenaza de consecuencias serias para quienes no actuaran como Amazon quería. Entre esas posibles medidas se mencionan restricciones publicitarias y promocionales, reclamaciones de compensación económica e incluso la retirada de productos de la tienda de Amazon.

Ese punto resulta especialmente relevante porque muchos fabricantes y distribuidores dependen en gran medida de Amazon para sus ventas. En la práctica, perder visibilidad en esa plataforma o ver sus productos penalizados puede tener un impacto muy importante en sus ingresos. Y precisamente ahí es donde California sitúa el elemento de coerción.

El ejemplo de Levi’s y Walmart

Uno de los casos concretos incluidos en la documentación judicial tiene que ver con Levi’s. Según la acusación, Amazon trasladó a la marca su preocupación por el precio al que Walmart estaba vendiendo unos pantalones caqui determinados, insinuando que esperaba que la situación se resolviera pronto.

La respuesta interna atribuida a un empleado de Levi’s es especialmente llamativa. Según el escrito, esa persona habría comunicado que ya había hablado con Walmart y que el distribuidor había aceptado volver a subir el precio del producto hasta 29,99 dólares, unos 26,40 euros al cambio aproximado. Después de eso, Amazon habría ajustado también su propio precio al mismo nivel.

Walmart, por su parte, evitó entrar en el fondo del asunto y señaló que no comenta litigios en los que no es parte. Levi’s, según la información publicada, no respondió a las peticiones de comentarios realizadas por Associated Press.

Home Depot, fertilizantes, papeleras y lámparas de sal

La documentación judicial no se limita a un solo ejemplo. El estado de California asegura haber reunido más casos en los que Amazon habría presionado a fabricantes o distribuidores para modificar la situación de precios en tiendas rivales.

En uno de ellos, Amazon habría exigido a un proveedor de artículos de decoración para el hogar que compensara a la compañía por los beneficios perdidos en 84 productos concretos. Según la acusación, Amazon se habría visto obligada a bajar sus precios para igualar una oferta más barata de Home Depot, y después habría reclamado al vendedor una compensación por ese perjuicio.

Siempre según el escrito, la presión continuó hasta que el proveedor informó de que había conseguido convencer a Home Depot para subir el precio de todos los productos señalados. En otro intercambio, un vendedor de fertilizantes habría asegurado a Amazon que, tras una reunión con el responsable de Home Depot, este había accedido a elevar los precios de nuevo.

También aparecen referencias a otros vendedores. Un fabricante de cubos de basura habría comunicado que pidió urgentemente a otro minorista que dejara de lanzar ofertas, mientras que un proveedor de lámparas de sal habría respondido con un mensaje particularmente explícito: dijo que corregiría el precio y que quedaría arreglado al día siguiente.

La acusación sostiene que Amazon intentó evitar dejar rastro

Otro de los elementos más delicados del caso es la supuesta intención de mantener ciertas conversaciones fuera del correo electrónico. California afirma que Amazon instruyó a algunos empleados para que no usaran email al tratar cuestiones de precios concretos con proveedores.

En la documentación se menciona incluso el mensaje de un trabajador de la compañía que habría descrito estas discusiones como “delicadas” por varias razones y habría sugerido que era mejor tratarlas por teléfono o en una reunión virtual. Para la acusación, ese tipo de comportamiento reforzaría la idea de que Amazon era consciente del carácter problemático de estas prácticas.

No es un detalle menor. En procesos de competencia y fijación de precios, la existencia de instrucciones para reducir el rastro documental suele convertirse en una pieza especialmente sensible, porque puede interpretarse como un intento de evitar pruebas directas.

La defensa de Amazon: niega el caso y habla de distracción

Amazon rechaza de plano todas las acusaciones. La compañía sostiene que el movimiento del fiscal general de California no es más que un intento transparente de desviar la atención de la debilidad del caso, especialmente después de más de tres años desde que se presentó la demanda inicial.

La empresa también insiste en que es reconocida de forma habitual como el minorista online con los precios más bajos en Estados Unidos y defiende que los clientes encuentran ofertas competitivas en su tienda. Su posición oficial es que responderá a estas alegaciones ante el tribunal en el momento procesal oportuno.

En otras palabras, por ahora no hay una resolución judicial definitiva sobre el fondo del asunto. Lo que existe es una acusación muy seria, respaldada por documentos y ejemplos que el estado considera contundentes, frente a una compañía que niega haber actuado de forma ilegal.

Por qué este caso puede ser importante para todo el comercio electrónico

Más allá del choque entre California y Amazon, el asunto toca una cuestión clave para el ecosistema del ecommerce: hasta qué punto una plataforma gigantesca puede influir en los precios del resto del mercado sin necesidad de firmar acuerdos formales con sus competidores.

Si la tesis de California termina prosperando, el caso podría convertirse en uno de los ejemplos más relevantes de cómo una gran tecnológica puede utilizar su poder sobre marcas y vendedores para moldear el comportamiento de otros canales de distribución. No sería solo una cuestión de precios en Amazon, sino de la capacidad de una plataforma dominante para alterar el entorno competitivo completo.

Y eso, naturalmente, tiene una traducción directa para el consumidor. Si un vendedor se ve forzado a conseguir que otros retailers suban precios o retiren descuentos, el resultado es sencillo: desaparecen las alternativas más baratas y el margen de elección real se reduce.

Un proceso judicial que todavía tiene mucho recorrido

De momento, conviene mantener la cautela. Las alegaciones son muy graves, pero el caso sigue vivo en los tribunales y no se resolverá, salvo cambios de última hora, hasta el juicio previsto para enero de 2027. Hasta entonces, la batalla se librará tanto en el plano jurídico como en el de la opinión pública.

Lo que sí deja claro esta nueva fase del litigio es que la presión regulatoria sobre Amazon sigue creciendo en Estados Unidos. Y no solo por su tamaño, sino por la sospecha de que ese tamaño podría haberse traducido en prácticas capaces de distorsionar la competencia y, de rebote, elevar el coste para millones de compradores.

Si finalmente el tribunal valida la versión de California, estaríamos ante un golpe importante para Amazon y ante un precedente de gran alcance para todo el sector. Si no lo hace, la compañía podrá presentar el caso como otra ofensiva regulatoria fallida. Pero, en cualquiera de los dos escenarios, esta demanda ya ha vuelto a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: quién decide realmente los precios que vemos en internet.